Una serie de brutales ataques contra comunidades del Cinturón Medio de Nigeria ha dejado al menos 36 personas muertas, además de varios heridos y secuestrados, según informes recibidos por la fundación católica Ayuda a la Iglesia Necesitada Perú (ACN) desde la diócesis de Makurdi.
La ola de violencia, atribuida por fuentes locales a militantes de la comunidad de pastores fulani, se produjo entre el 24 y el 26 de mayo en varias aldeas del estado de Benue. Entre las víctimas hay un agente de policía y varios civiles, quienes aparentemente fueron objeto de ataques coordinados contra asentamientos agrícolas.
El primer incidente ocurrió el 24 de mayo en Tse Orbiam, en el área de gobierno local (LGA) de Gwer West, donde el padre Solomon Atongo, de la parroquia de Jimba, recibió un disparo en la pierna cuando regresaba de una misa en memoria de dos sacerdotes asesinados en 2018.
Ori Hope Emmanuel, de la Fundación para la Justicia, el Desarrollo y la Paz de la diócesis, informó a ACN:
«La noche en que regresaba del servicio conmemorativo en honor a los dos sacerdotes católicos asesinados en 2018, el padre Solomon Atongo fue herido de bala en la pierna izquierda por asaltantes armados, identificados como yihadistas fulani. Los dos pasajeros que lo acompañaban fueron secuestrados. El padre Atongo está recibiendo atención médica».
Esa misma noche, un agricultor local fue asesinado a tiros en su granja, tras haber terminado su jornada de trabajo.
En un comunicado, el padre Oliver Ortese, presidente del Consejo Consultivo Internacional de la diócesis de Makurdi, criticó la inacción de las fuerzas de seguridad durante el ataque:
«Hay un puesto militar donde se alojan soldados del ejército nigeriano, y fue justo ahí donde ocurrió el incidente. Esto deja muchas preguntas abiertas. ¿Estaban los soldados dormidos durante los tiroteos?»
La violencia se intensificó al día siguiente, cuando 20 personas fueron asesinadas en Aondona, también en Gwer West. Esta aldea es el lugar de origen del obispo de Makurdi, monseñor Wilfred Chikpa Anagbe. Los atacantes, fuertemente armados,
“abrieron fuego de manera indiscriminada, provocando víctimas civiles y generando pánico y confusión generalizada”, explicó Ori Hope Emmanuel. “Muchos residentes huyeron en busca de seguridad”.
Sacerdotes y religiosas que vivían en Aondona lograron escapar hacia Taraku, una aldea cercana, donde numerosos sobrevivientes han encontrado refugio en la iglesia católica de San Patrick.
Ese mismo día, tres miembros de una familia —el padre, su hijo adolescente y un niño de dos años— fueron asesinados en la aldea de Yelewata, en la región de Guma. La madre resultó gravemente herida. El ataque ocurrió poco después de la golpiza a un agricultor de 67 años y la destrucción de su cultivo de yuca.
El 26 de mayo se registraron otros cinco ataques en Tse Orbiam y seis más en Ahume, en la región de Gwer Oeste. Según Ori Hope Emmanuel, los asaltantes
“dispararon de manera indiscriminada contra las personas, causando múltiples muertes, incluida la de un oficial de policía móvil que cumplía una misión especial en la zona”.
Ese mismo día, hombres armados abrieron fuego contra residentes y viajeros en la carretera Naka-Adoka, en Gwer Oeste, dejando seis heridos y un muerto.
El padre Ortese condenó el impacto devastador de estos ataques sobre las comunidades locales:
“Están generando crisis humanitarias. Los sobrevivientes son trasladados a campamentos donde se ven obligados a mendigar para sobrevivir. No pueden imaginar la realidad que vivimos aquí. Esto es horror. Esto es terror”.
Los conflictos entre los pastores nómadas y las comunidades agrícolas sedentarias han sido un problema persistente en el Cinturón Medio de Nigeria. Las causas son múltiples y complejas, e incluyen la competencia por tierras y agua, así como tensiones étnicas, políticas y religiosas. De este entorno hostil han surgido los terroristas fulani, una minoría entre los 12 a 16 millones de personas que conforman esta etnia en Nigeria.
ACN pide oraciones por el descanso eterno de quienes perdieron la vida en estos ataques, por las familias afectadas por la violencia, por la pronta recuperación del padre Atongo y por la liberación segura de las personas secuestradas.
La fundación pontificia, que apoya a la diócesis con ayuda de emergencia, iniciativas de sanación de traumas y proyectos pastorales, solicita mayor protección para las comunidades vulnerables e insta a la comunidad internacional a solidarizarse con las víctimas de esta violencia.
